Hace unos días, Lucía Arana publicaba en elDiario.es «Los gatos tienen ley, ahora toca cumplirla», sobre la movilización convocada para el próximo 6 de septiembre para reclamar la aplicación efectiva de la Ley 7/2023.
Tuve la oportunidad de participar en el artículo aportando mi perspectiva sobre las obligaciones de las Administraciones públicas.
Leer el artículo completo en elDiario.es →
Y hay una idea que merece ser recordada:
los gatos comunitarios ya tienen ley.
La cuestión ahora es cumplirla.
¿Qué obliga a hacer la Ley 7/2023?
La Ley 7/2023 atribuye a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios y establece que deben desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas.
Esto va mucho más allá de realizar campañas de esterilización.
Un programa debe contemplar, entre otras cuestiones, el censo y mapeo de las colonias, la esterilización, la atención sanitaria, la identificación de los animales, la formación, la colaboración con las personas cuidadoras y los protocolos para gestionar conflictos.
Por eso, hacer CER es necesario.
Pero CER no es sinónimo de gestión.
El voluntariado no puede sustituir a la Administración
Durante años, muchas colonias han sobrevivido gracias al trabajo de personas voluntarias que alimentan, capturan, trasladan animales, gestionan tratamientos veterinarios y median en conflictos.
Su colaboración es imprescindible.
Pero la Ley establece responsabilidades para los municipios.
La colaboración ciudadana debe formar parte del sistema, no convertirse en el sistema.
No podemos normalizar que una persona cuidadora tenga que asumir con sus propios recursos aquello que corresponde gestionar a la Administración.
Tampoco todo conflicto permite retirar gatos
La Ley establece límites a la retirada de gatos comunitarios y regula los supuestos en los que puede proceder su reubicación.
Por tanto, ante un conflicto vecinal, una ubicación problemática o una posible afección a la biodiversidad, la respuesta no puede ser simplemente:
«Hay que retirar los gatos».
Primero hay que analizar el caso, la normativa aplicable y las alternativas existentes.
Porque gestionar un conflicto no significa necesariamente eliminar aquello que genera el conflicto.
Ahora toca aplicarla
La movilización del 6 de septiembre pone sobre la mesa una reivindicación legítima: que una ley aprobada no se quede en el papel.
Pero el siguiente paso debe ser todavía más concreto.
Los municipios necesitan programas, recursos, procedimientos, formación y evaluación.
Necesitan pasar de actuaciones puntuales a una verdadera política pública de gestión de colonias felinas.
Porque una colonia no se gestiona únicamente con buena voluntad.
Se gestiona con derecho, conocimiento técnico y responsabilidad pública.
La Ley 7/2023 ya existe.
Ahora toca cumplirla.
¿Necesitas asesoramiento?
Si eres Ayuntamiento, Administración pública o entidad de protección animal y necesitas revisar un programa, protocolo o caso complejo relacionado con gatos comunitarios, puedo ayudarte.
Marina Vall-llosada Garcia
Consultora en Derecho Animal
