En el año 2017 publiqué en El Jurista el artículo La protección de los derechos de los animales debería ser un deber político. Hoy, gracias a la experiencia en gestión pública y jurídica, considero que aquella reflexión es más vigente que nunca. En este sentido, la protección de los animales no puede ser una opción basada en la buena voluntad, sino que debe ser un deber institucional.
A menudo, las políticas de bienestar animal se han abordado desde la empatía o la sensibilidad individual de los gestores. No obstante, desde una vertiente técnica, cabe plantearnos una duda clave: ¿podemos permitirnos que derechos y protocolos tan esenciales dependan del azar político de cada legislatura?
Hacia una gestión profesional y estable
La institucionalización de la protección animal no es solo una cuestión de valores. Por el contrario, se trata de una cuestión de eficiencia administrativa y rigor jurídico. Para que una política de bienestar animal sea realmente efectiva y perdurable, es necesario que se fundamente en los siguientes pilares:
- Rigor Jurídico Especializado: El derecho animal es una disciplina compleja. Por lo tanto, requiere un asesoramiento técnico preciso para evitar la inseguridad jurídica.
- Protocolos Transversales: La creación de marcos de actuación estables es vital. De esta manera, la protección animal se convierte en un área de gestión sólida e independiente de los cambios de gobierno, facilitando una colaboración público-privada más ágil y transparente con las entidades del sector.
- Responsabilidad Administrativa: Es necesario integrar el bienestar animal como una parte de la gestión pública ordinaria. En consecuencia, hay que dotarla de las herramientas y el rigor que se aplican a cualquier otra competencia. Esta profesionalización no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que aporta una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, evitando sobrecostes derivados de una gestión improvisada.
La función del derecho en la estructura pública
Entender la protección animal como un deber implica pasar de la reacción a la planificación estratégica. Para conseguirlo, disponemos de mecanismos como el diseño de comisiones de expertos o la redacción de protocolos técnicos. Gracias a estos instrumentos, podemos dotar de continuidad y seguridad a las políticas de bienestar de los animales.
En definitiva, el objetivo es construir un modelo robusto. La protección de los animales debe quedar garantizada por la estructura institucional y el marco legal. Solo así se podrán ofrecer soluciones técnicas a los crecientes retos sociales. Hoy en día, con una norma nacional vigente desde 2023, ya no podemos permitirnos que la gestión de esta competencia dependa de la improvisación o de la falta de especialización técnica.
Asesoramiento especializado
Como consultora especializada, acompaño a administraciones y entidades en la definición de estrategias jurídicas. Si necesita apoyo para implementar protocolos o redactar normativa, puede contactar conmigo. Analizaremos juntos las necesidades específicas de su proyecto.
