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Marina Vall-llosada

Animales y emergencias: ¿qué tiene que prever un ayuntamiento?

El episodio de lluvias intensas que está afectando Cataluña estos días ha vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones públicas.

Planes de emergencia activados, servicios municipales movilizados, restricciones, evacuaciones y medidas de prevención.

Pero hay una pregunta que a menudo queda en un segundo plan:

¿Qué pasa con los animales cuando se produce una situación de emergencia?

La respuesta no tendría que depender de la improvisación.

Los animales también tienen que formar parte de la planificación

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, es clara: su artículo 21 establece que los planes de protección civil tienen que contener medidas de protección de los animales.

Por lo tanto, la protección animal no es una cuestión accesoria que se tenga que resolver cuando la emergencia ya ha empezado.

Tiene que formar parte de la planificación.

Y esto implica diferentes niveles de responsabilidad entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales.

¿Y qué papel tienen los ayuntamientos?

Los municipios son especialmente relevantes porque es en el ámbito local donde muchas de las decisiones y actuaciones ante una emergencia acaban materializándose.

Además, la normativa estatal atribuye en los ayuntamientos funciones específicas en materia de protección y atención de los animales.

Pero aquí aparece una cuestión que considero especialmente importante:

Tener atribuida una competencia no significa tenerla correctamente planificada.

Un ayuntamiento tendría que poder saber, antes de que se produzca una emergencia, como actuará ante los animales que puedan resultar afectados.

No solo los animales de compañía.

También los animales que se encuentren en centros o instalaciones, los animales que viven en colonias y, según las características de la emergencia y la normativa aplicable, otros animales presentes en el territorio.

La pregunta que tendría que hacerse cada municipio

Si mañana se produce una inundación, un incendio o cualquier otra situación de emergencia en nuestro municipio:

¿Sabemos qué animales pueden resultar afectados?

¿Sabemos quién tiene que actuar?

¿Disponemos de los recursos necesarios?

¿Sabemos donde pueden ser trasladados o alojados temporalmente?

¿Tenemos establecida la coordinación con los servicios municipales, los servicios de emergencia y los profesionales o entidades que puedan intervenir?

y, sobre todo:

¿Todo esto está previsto antes de que llegue la emergencia?

Estas no son solo preguntas de bienestar animal.

Son preguntas de planificación, responsabilidad administrativa y gestión de los recursos públicos.

No se trata de improvisar mejor

Una emergencia, donde cada segundo cuenta en contra, no es el momento de identificar competencias, buscar recursos o decidir quién asume una determinada actuación.

La planificación previa permite delimitar responsabilidades, anticipar necesidades, evitar duplicidades y utilizar mejor los recursos disponibles.

Y también permite detectar, antes de que sea demasiado tarde, aquellos aspectos de la gestión municipal que necesitan ser revisados.

Por eso, el actual episodio nos tendría que llevar a hacernos una pregunta muy concreta:

¿Está realmente preparado nuestro ayuntamiento para proteger los animales ante una situación de emergencia?

Si la respuesta no es clara, probablemente es un buen momento para revisarlo.

Asesoría jurídica y técnica para administraciones públicas

Desde hace más de 15 años asesoro administraciones públicas en materia de protección animal, con una perspectiva jurídica, técnica y de optimización de los recursos públicos.

PPorque planificar también es prevenir.

Y en una emergencia, la improvisación acostumbra a llegar demasiado tarde.

Marina Vall-llosada

Marina Vall-llosada

Abogada animalista

Consultoría jurídica de alto nivel especializada en la creación de políticas públicas y gestión de fauna, excluyendo la intervención en litigios judiciales para garantizar un asesoramiento imparcial y centrado en la solución de conflictos.